Elisa Cozzi, y la trama secreta del fallo de la Corte de Justicia sobre el litio en Antofagasta de la Sierra.
En este contexto, nos preguntamos: ¿quién es Elisa Cozzi y qué relación tiene con el fallo judicial que tanto revuelo está causando a nivel provincial y nacional sobre la minería y, en particular, sobre la cuestión del litio?
Para empezar, diremos que es la referente de Ec & Asociados, una consultora jurídico-ambiental de Salta que trabaja desde hace 25 años en Catamarca, incrementando su caudal de trabajo a partir de la estadía de Micone y Kosicky en cargos de ambiente y minería de la provincia.
Así es como Ec & Asociados se encargó, en los últimos años, de buena parte de los estudios de impacto ambiental solicitados por distintas empresas instaladas en nuestros suelos provinciales. Primer punto a tener en cuenta: Salta es el domicilio de la consultora; Catamarca, la ubicación de los suelos.
Al respecto, podemos recordar algunos antecedentes: Elisa Cozzi y su equipo fueron responsables, entre muchas otras cosas, de la desaparición de la vega del río Trapiche y, por ende, del río mismo, allá por los años 90, cuyo cauce se secó totalmente mientras la prestigiosa consultora miraba para otro lado. Nada que un estudio de impacto bien hecho no hubiera evitado. Las consecuencias, catastróficas para los habitantes del lugar, las hemos denunciado desde este medio una y otra vez. Nada cambió a pesar de nuestra insistencia; no obstante, lo escrito, escrito está: “Quod scripsi, scripsi”.
Años después, la misma empresa de consultoría reincidió ocupándose del estudio de la cuenca del río Los Patos. Nuevamente su trabajo corrió igual suerte que el anterior: si bien el río aún no se secó, si no lo hubieran detenido a tiempo, el final de la historia hubiera sido el mismo. Gracias a que un cacique por ese entonces advirtió lo que eruditos profesionales no hicieron, ahora la justicia exige un estudio de impacto acumulativo. Sin embargo, esta leve medida judicial que el pueblo podría apelar mientras el gobierno provincial se despide por un largo tiempo de la minería.
En este punto, y sin adentrarnos en cuestiones subjetivas acerca del sorpresivo fallo del máximo tribunal de justicia de la provincia, es evidente que el gobierno de Jalil está entrando en un callejón sin salida, fruto de sus irregulares políticas públicas, que dejan mucho que desear. Entre ellas, las políticas ambientales. La cuestión procesal no es un dato menor, porque la única alternativa del gobierno es ir a la Corte Suprema de Justicia con un recurso extraordinario o en queja, y esperar mucho tiempo para que el máximo tribunal del país se expida, salvo que revoque por contrario imperio, la medida cautelar ordenada por el tribunal de inferior jerarquía. De cualquier manera, los vericuetos judiciales enredados en la política son impredecibles, por todo lo que hay en juego y porque vivimos en Argentina.
Se trata de tres décadas de distancia entre la sequía de la vega y el río Trapiche y la afectación directa de la cuenca y el río Los Patos sin haber aprendido nada, ni Ec & Asociados ni nuestros gobernantes. Básicamente, porque siempre hacen y han hecho lo que quisieron y no lo que dicen las leyes. Anomia total.
Pero este es el problema troncal, o la verdad de la milanesa: leyes rancias, empresas foráneas cuidando recursos que no son suyos, y funcionarios siempre entongados. Es decir, primero estuvo siempre el saqueo y la corrupción, y si les quedaba algún resquicio, apelaban y apelan a la simulación de hacer creer que estaban o están haciendo las cosas bien. Y es todo lo contrario: siempre hacen todo mal porque lisa y llanamente pertenecen a las fuerzas del mal, son angurrientos, ambiciosos y desleales con el pueblo que los vota. Son de lo peor.
Quizás habría que plantearse que, así como se exige cierto porcentaje de mano de obra local contratada en la minería, lo mismo debiera ocurrir con los estudios de Impacto Ambiental y Social. Pero ellos optan por hacer todo fuera de jurisdicción para poder “operar” con libertad. Y luego nos subestiman o creen subestimarnos. Para muestra, basta un botón, como decía mi abuelita.
Pero eso no es todo. Por si acaso nadie se lo contó, tenemos una frutilla para este postre: una empresa (independientemente de cuál sea el rubro) contrata una consultora para que le haga (apruebe, guiño) un determinado estudio. Esta empresa, que casi siempre cumple con la expectativa de su comitente, realiza el estudio al pie de la letra (letra chica). Pero el problema comienza aquí: en nuestra provincia NO EXISTE un organismo IMPARCIAL capaz de evaluar dichos estudios antes de que las consultoras y las empresas sigan secando ríos o volando los cerros.
Está todo armado para los curros, como dice el presidente Milei. El más patético es el caso del Tribunal de Cuentas, que da asco de solo pensar. Los jueces vinculados a la minería y a las principales decisiones son todos del palo y el juez federal de Catamarca es una vergüenza, aunque deberíamos agregarle el prefijo “sin”.
Sí, leyó usted bien. Las empresas pagan resultados que necesitan obtener y en el medio NADIE CONTROLA. Así es, querido amigo, como se secan los ríos, las plantas y se dilapidan los recursos de los catamarqueños, esos que tanto necesitamos para sobrevivir como sociedad. Pueden ir a hacer un tour por los domicilios de la casta y advertir cómo viven ellos y cómo viven, por ejemplo, los pueblos originarios, las comunidades, de aquellos departamentos donde la minería es la principal actividad económica.
Nos preguntamos si no podría ser la Universidad Nacional de Catamarca la encargada de velar por esos intereses de los catamarqueños, ya que es una tarea casi imposible para los políticos de turno, y funcionar como una especie de organismo de control de los estudios hechos por las consultoras para sus patrones. Todo lo contrario, la UNCA recibe apoyo del gobierno en forma indirecta y de las propias empresas para que el lobby universitario proteja sus intereses. Digamos las cosas por su nombre: la UNCA es pro minera en el peor sentido de la palabra porque es funcional a las irregularidades que presentan las explotaciones y el desarrollo de toda la actividad minera, que por supuesto no es sustentable pero todos miran para el costado.
¿Acaso algún diputado provincial, estos becados caros que pagamos, podrá revisar algún día, justificando sus abultados sueldos, las leyes ambientales vigentes? Después de todo, no hace falta ser ningún iluminado para advertir que las mismas son viejas, obsoletas, absurdas y atemporales. Y las mantienen así por conveniencia. No existe la oposición, existe la casta, salvo honrosas excepciones como es el caso del diputado Hugo “Grillo” Ávila del Frente Amplio Catamarqueño, que es el único legislador que ejerce una férrea oposición a las políticas del gobierno provincial y el bloque de la Libertad Avanza. El resto de los integrantes del poder legislativo son funcionales al gobierno de Jalil.
¿Será que se está poniendo una vez más a algún lobo suelto a cuidar nuestras ovejas, y será también que en nuestra Catamarca vamos a seguir corriendo la triste suerte de que las penas siempre sean nuestras y las vaquitas ajenas? Ajenas y de la casta, porque hablar de Juntos por el Cambio o de Unión por la Patria en Antofagasta de la Sierra es una falta de respeto a la inteligencia y la empatía de un pueblo que sufre a la casta enquistada en el poder. Los intendentes de un signo y otro se suceden y lo único cierto es que todos son corruptos.
El Cacique Román Guitián y toda su comunidad del Salar del Hombre Muerto hicieron un recurso de amparo para reclamar por sus derechos, por su vida, por el agua, por sus animales, por su supervivencia, todas cuestiones que la Corte de Justicia ignoró durante años. Los miembros de la Corte de Justicia no son creíbles; no se hizo justicia. Tomaron ese caso por la proximidad del litio y todo lo que ello implica, con una medida liviana, casi intrascendente, como demostrando a Jalil que son capaces de “hacer” eso y mucho más.
Cuando al Cacique Guitián lo nombraron en forma arbitraria e inconsulta como punto índice del gobierno provincial, el amparo ya estaba presentado y, sin embargo, nada hicieron al respecto para proteger a una persona y a una comunidad indefensa y desamparada en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, con la aplicación de la ley de protección ambiental y los derechos indígenas consagrados en la Constitución Nacional. El fallo es otra cosa y todo el mundo lo sabe.
asd